Adena culpa al urbanismo salvaje del desastre de la riada en Alicante

EL PAÍS
Los ecologistas piden al Consell que revise los planes de ordenación territorial.
El colectivo ecologista WWF/Adena apuntó ayer a la desordenada ocupación urbanística como primera causa de la magnitud de los daños ocasionados por las inundaciones que han asolado desde el pasado día 12, de manera casi ininterrumpida, el norte de Alicante. En un comunicado oficial, el grupo conservacionista, instó al Consell a que "revise" los planes de ordenación urbanística en el litoral para evitar que en el futuro se reproduzcan los fuertes impactos por lluvias torrenciales. Adena señala que la Generalitat admite que existen cientos de miles de viviendas construidas en zonas calificadas como "inundables pero no sólo no asume sus responsabilidades sino que ha acusado al ministerio de Medio Ambiente como responsable de la catástrofe por no mantener los cauces limpios". "Las dramáticas consecuencias de las intensas precipitaciones que asolaron el litoral alicantino reflejan la necesidad de desarrollar y aplicar políticas efectivas de ordenación territorial que minimicen el impacto de las lluvias torrenciales", añade.
Para el grupo conservacionista, la ocupación del litoral, de los cauces de los ríos y barrancos en los últimos años por la construcción de viviendas y viales ha destruido los ecosistemas naturales, vitales para paliar los efectos de las riadas.
Por su parte, el Ayuntamiento de Calp ha elaborado un catálogo de las carencias observadas en las cuencas de los barrancos y resto de la red hidráulica de la localidad como primera medida para impulsar un plan de obras para prevenir futuras riadas. "Nuestra prioridad es encontrar soluciones y emprender obras que eviten más catástrofes de esta naturaleza", señaló ayer el alcalde, el socialista Luis Serna.
El primer regidor destacó que la primera medida será ampliar la desembocadura de los barrancos y mejorar los desagües en las calles de Holanda y de Luxemburgo.
Serna estimó en 22 millones de euros las pérdidas en infraestructuras y dotaciones públicas originadas por el temporal. Sólo la recuperación del paseo marítimo y las playas supondrá una inversión de 6 millones de euros, el resto han sido pérdidas en infraestructuras y mobiliario municipales.
A este listado en daños en infraestructuras públicas se suman las millonarias perdidas que han sufrido los particulares como consecuencias de inundaciones de bajos comerciales, garajes y vehículos arrastrados por la corriente del agua.

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Terapia de choque para la costa

EL PAÍS
El Gobierno ofrece a las autonomías un pacto contra el urbanismo salvaje - El plan quiere recuperar 776 kilómetros de Mediterráneo ocupados por casas.
En primera línea de la playa de Calpe se construye actualmente un hotel de 24 plantas. El edificio invade la zona de protección que fijó la Ley de Costas en 1988. Pero las máquinas siguen adelante. En Adra (Almería) hay 500 familias que ven cómo el mar amenaza con invadir sus casas, humildes viviendas sobre la misma playa hace décadas.
Hay casos a miles: dos torres proyectadas en Benidorm (Alicante) en zona pública; casas sobre el mar en Pupí (Almería) sin que esté claro sin es suelo público; un complejo paralizado en La Manga del Mar Menor que pretendía ganar terreno al mar...
Son sólo unos ejemplos de la disparatada situación que vive la costa española, motor económico del país como imán del turismo, y en la que la aplicación de la Ley de Costas es muy deficiente. La norma establece que toda la playa (o el lugar que alcanza los mayores oleajes) es pública. Después viene una servidumbre de paso de seis metros para que cualquiera pueda recorrer el litoral, y después 100 metros de protección, en los que se pueden instalar campos deportivos o cultivos pero no casas.
Todo esto, si el terreno no estaba declarado como urbanizable cuando la ley entró en vigor. Para las casas que ya estaban construidas legalmente en la playa en 1988, la ley les dio una concesión que normalmente es de 30 años y que comenzará a caducar en 2018.
Casi 20 años después de la entrada en vigor de la norma, el Ministerio de Medio Ambiente ha preparado una terapia de choque para reanimar al enfermo. El próximo miércoles ofrecerá a las comunidades autónomas un gran acuerdo, un pacto de Estado, no sólo para frenar el urbanismo salvaje sino para pactar la demolición de las viviendas, chalés, hoteles y piscinas que ocupan la zona pública de costa y así recuperar lo que ya está destruido.
"Sin acuerdo de las comunidades y ayuntamientos no será posible aplicar este plan, pero tenemos que convencer a las Administraciones de que retirando algunas casas fastidiamos a unos pocos pero a cambio gana mucha más gente y desde luego aumentará el turismo de calidad", explica el secretario general para la Biodiversidad y el Territorio del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano.
El Gobierno les va a proponer "un cambio radical en la política de costas. Hasta ahora hacíamos paseos marítimos, que en realidad era poner dinero público para los gastos de urbanización de un promotor. Ahora queremos pasar a recuperar para el uso público los 8.000 kilómetros de costa". El pacto propuesto a las autonomías bajo el nombre de Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa abarca por el momento al Mediterráneo, Baleares, Canarias y Cádiz y Huelva. El Cantábrico, aún no tan urbanizado, queda fuera de esta primera fase.
Para los próximos años (la estrategia no tiene un plazo de ejecución) el ministerio prevé "rescatar concesiones" a lo largo de 776.972 metros de costa mediterránea y de Canarias. Se trata de rescatar los permisos de ocupación del dominio público de las viviendas construidas antes de la Ley de Costas para demolerlas y darle uso público. "Pretendemos negociar, no ir directamente a la expropiación, porque los propietarios suelen pleitear y eso alarga enormemente los trámites", según Serrano. Pese a ello, el Gobierno insiste en que su propuesta no es un plan de expropiaciones masivas.
Por eso es esencial la colaboración de ayuntamientos y comunidades. Porque el ministerio sólo tiene competencias en los primeros metros de costa y pretende que los ayuntamientos cedan suelo a esos propietarios en zonas alejadas de la costa.
Aplicar el plan costaría 5.000 millones de euros, pero Medio Ambiente insiste en que es una estrategia a largo plazo y que sólo será posible con colaboración institucional y empresarial.
La barrera de hormigón ha llegado a tal punto en el Mediterráneo que el 36% es suelo urbano y el 11% es urbanizable. Eso quiere decir que más de 1.000 kilómetros de la primera línea del Mediterráneo y Canarias ya están construidos o en vías de serlo. Por el contrario, un 32% de la primera línea está protegida (eso no impide que se construya 100 metros más atrás) y el 21% es no urbanizable.
Además, Medio Ambiente quiere construir 782 kilómetros de caminos naturales bordeando el litoral "para que cualquiera pueda circular la costa, no en coche, sino a pie o en bicicleta. Intentaremos huir de las obras duras", explica Serrano, catedrático de Ordenación del Territorio. En las pocas zonas que permanecen vírgenes, Medio Ambiente no construirá estos caminos, sino rutas alejadas del mar con viales para llegar al mar.
Otra de las cosas que tiene en cuenta el plan es la subida prevista del nivel del mar por efecto del calentamiento. Un estudio encargado por el Ministerio a la Universidad de Cantabria concluyó que las playas pueden retroceder en 2050 una media de 15 metros. Zonas como el Delta del Ebro son especialmente vulnerables. Allí, la urbanización Riumar queda tras la línea que teóricamente alcanzará el mar de unas décadas. Pero hay más. Serrano va a su despacho y vuelve con una foto de una urbanización en Valencia construida bajo el nivel del mar. "Tenemos que recuperar estas zonas e ir hacia atrás. Dejarlas libres para que la relación con el mar sea natural", sentencia Serrano.
El plan incluye obras de regeneración de dunas (el 70% está en regresión) y eliminar las obras que impiden la regeneración natural de las playas. También aborda las mejores formas para evitar la pérdida de arena de playas que producen los puertos deportivos.

Derribos de casas, compra de fincas.
El 30 de octubre de 2006, la Dirección General de Costas comenzó uno de los mayores derribos de viviendas en la zona pública de costa. En el término municipal de El Sauzal (en Tenerife) demolió 418 viviendas de mala calidad y utilizadas para los fines de semana que ocupaban 2.191 metros de costa. Aunque Medio Ambiente afirma que los derribos se hicieron con acuerdo de los vecinos, éstos se manifestaron y las máquinas tuvieron que trabajar escoltadas por la Guardia Civil. Ahora construye allí un camino peatonal de 1,5 kilómetros.
Desde 2004, Medio Ambiente ha demolido otras 337 edificaciones. En muchos casos se trata de chiringuitos o pequeñas construcciones. Sólo en casos excepcionales se trata de grandes obras. Es el caso de las antenas de Radio Liberty, desde las que Estados Unidos emitía propaganda hacia los países del Este, en Girona. A menudo, son pequeñas casas de pescadores las que caen.
El Gobierno prepara desde hace más de un año un camino para hacer accesible un tramo de tres kilómetros de costa de Mallorca que un grupo de millonarios "ha privatizado de hecho", en palabras del director general de Costas, José Fernández. En esa zona tienen sus casas Ana Obregón, Carlos Sáinz o Pedro J. Ramírez.
Además de los derribos, el ministerio ha acelerado el plan de deslindes (el trámite que delimita la zona pública y la privada de costa). En teoría, es sencillo trazar la línea sobre el mapa, pero en la práctica el trámite tarda años. Primero hay que hacer estudios técnicos para ver hasta dónde llega el agua en caso de grandes temporales. Luego, los vecinos afectados suelen pleitear cuando ven que sus terrenos, para los que preveían enormes ganancias, quedan incluidos como dominio público.
El trámite debía estar concluido a lo largo de toda la costa en 1993 pero aún falta el 20% unos 2.000 kilómetros de costa, por deslindar. Entre 1988 y 2003 el ritmo de deslinde fue de 360,9 kilómetros al año de media. En este año ya se han concluido más de 600 kilómetros, según el Ministerio de Medio Ambiente, que prevé concluir los deslindes en 2008.
Aunque trazar la raya parece una formalidad es imprescindible. Sin deslinde "no se puede resolver un expediente sancionador por una ocupación indebida", según el ministerio.
La tercera pata de la política de Costas es el programa de adquisición de terrenos para protegerlos de la especulación urbanística. El Gobierno ha tasado 32 fincas (en total 19,5 millones de metros de metros cuadrados) en 105.854.789 euros. Si consigue comprar esos terrenos será un chollo ya que el metro cuadrado sale a 5,4 euros.
Entre las fincas que el ministerio quiere comprar se encuentra la del Hotel del Algarrobico, pero la parte que pretende expropiar sólo ocupa la mitad del hotel. El Gobierno ha ofrecido 30 millones a la promotora a cambio de tirar todo el hotel y quedarse la mitad del terreno. Después el constructor podría construir en la mitad de la finca (y en los alrededores que ya son urbanizables). La ley permite al Gobierno comprar terrenos más allá del dominio público para asegurarse su conservación.
El pasado 24 de octubre, el Gobierno anunció la compra de la isla de Sálvora y los islotes de Noro y Vionta, situados en la desembocadura de la Ría de Arousa (Pontevedra), para su incorporación al Dominio Público. La inversión ascendió a 8,5 millones.
Medio Ambiente se ha garantizado el derecho de tanteo sobre las miles de hectáreas, muchas de ellas en desuso, que Defensa conserva en el litoral. Gracias a este acuerdo ya compró 300 hectáreas en Murcia por ocho millones de euros. El terreno estaba ya cercado por los promotores, que vieron cómo el acuerdo desvanecía sus aspiraciones inmobiliarias.

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LA REVOLUCIÓN DEL PLÁSTICO

Investigadores del Campus buscan una alternativa a los tetrabrik y bandejas de envasado de alimentos para hacerlos biodegradables y eliminar toneladas de residuos.

VICTORIA BUENO Información
El departamento - medio millón en el mundo - que busca una alternativa biodegradable y respetuosa con el medio ambiente para sustituir materiales que actualmente tardan hasta 100 años en desaparecer como residuos una vez desechados. Son expertos en polímeros o plásticos biodegradables y esta línea de investigación reúne estos días en el edificio Germán Bernácer del campus alicantino a cerca de 200 científicos y empresarios interesados en el mismo fin: reducir los costes medioambientales de determinados materiales.
«El principal problema del que partimos es que hay sustancias que difícilmente se degradan, como sucede con los tetrabrik o las tarrinas de yogur, porque tienen varias capas y resulta muy costoso económicamente separarlas para el reciclado». Así que el grupo del que forma parte el profesor Alfonso Jiménez, a su vez presidente del comité organizador del Congreso, se ha propuesto - en contacto con los demás investigadores que trabajan en esta misma línea - encontrar sustitutos plásticos para el envasado de alimentos que sean biodegradables, como explica este experto.
El objetivo no es ninguna utopía porque de hecho ya se ha experimentado con éxito en dos tipos de materiales a nivel de laboratorio: el almidón y el ácido poliláctico o PLA. Ambos son plásticos biodegradables y los investigadores se han centrado en probarlos para el envasado de alimentos porque hay cadenas comerciales que ya emplean estos métodos con el 100% de sus productos. «Se trata por ejemplo de que la bandeja que envuelve la fruta sea de almidón, con lo que mantiene las propiedades de resistencia y ausencia de humedad pero con la diferencia de que desde el momento en que la desechamos puede desaparecer en apenas 6 meses devorada por los microorganismos». Jiménez explica que este avance resulta incalculable para la protección del medio ambiente y confía en el interés y financiación empresarial.
«Podremos ver los cambios en diez años»
V. B. La sustitución de miles de toneladas de residuos y de la emisión de dióxido de carbono no tiene por qué esperar demasiado tiempo. Los investigadores del Campus en el área de polímeros biodegradables tienen una trayectoria de diez años y calculan que en otra década puede ser una realidad que se generalicen las bolsas de almidón para la compra en los supermercados y el cambio del tetrabric o de los envases de yogur. «Los informes de la Comisión Europea sobre la evaluación de estos nuevos materiales sobre los que investigamos apuntan a que del 2015 al 2020 sean un hecho. Nosotros podremos ver estos cambios en diez años si no encontramos demasiados pasos en falsos, que a veces también sucede en las investigaciones», destaca Alfonso Jiménez.
Hay grupos como Alcampo que ya han empezado a introducir las bolsas biodegradables para cargar la compra «y no hay ninguna diferencia con las de toda la vida, aunque las empresas se ocupan de hacerlo notar con mensajes sobre la bolsa para diferenciarse». La presencia como oyentes en el Congreso organizado por la Universidad de numerosos empresarios de todas las comunidades demuestra el interés práctico de esta investigación.

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PROYECTO SOSTENIBLE

Una empresa alicantina negocia con multinacionales la venta de biopetróleo

Bio Fuel System, que obtiene el producto energético a través de las algas, realizará en breve una prueba para su aplicación en vehículos
R. CARRIZOSA INFORMACIÓN
Biopetróleo. Esta es la marca y el concepto que Bio Fuel System, una empresa con sede en Alicante, va a lanzar al mercado energético y eléctrico en breves fechas. Sus claves son la reducción de costes, una producción casi inagotable, un proceso sostenible a partir de materias primas naturales - las algas - aprovechando la fotosíntesis, la energía solar y el campo electromagnético, y un producto - también carbones - que se convierte en fuente de energía alternativa y equiparable al de origen fósil, al aprovechar el CO2 y reducir sus emisiones. Su aplicación en el mundo empresarial sirve para distintos sectores como el de la automoción, el eléctrico, el de la cosmética y el de la celulosa.
Después de tres años de investigación, en la que han colaborado profesores de la Universidad de Alicante y a los que se han sumado otros de Murcia y Valencia, ya se ha obtenido el preciado líquido. La obtención de biopetróleo les ha permitido entrar en contacto al presidente de la empresa, el francés Bernard Stroïazzo-Mougin, y al director científico alicantino, Cristian Gomis, con las «siete grandes hermanas» petroleras del mundo, así como con particulares del sector eléctrico y la propia Acciona, en España, para vender su biopetróleo. De este producto - «el primero existente en la actualidad», resaltan - se puede llegar a producir 350 barriles diarios una vez que la nueva planta que están a punto de adquirir se encuentre a pleno rendimiento.
Los próximos meses hasta que comience el nuevo año la actividad será intensa en el campo empresarial, ya que también está previsto que en breves fechas realicen una prueba con vehículos para demostrar la aplicación real y comercial de esta investigación pionera en el campo de la energía renovable y alternativa.
Ahora, un equipo de 12 profesionales trabajan en una planta de San Vicente, donde se ha desarrollado todo el trabajo experimental y de contraste del proyecto. La productiva se ubicará en unos meses también en la comarca de l´Alacantí, en una población que aún no han desvelado. Y sólo ocupará una hectárea
Mercados De las negociaciones que mantendrán en los próximos meses con las grandes multinacionales dependerá el éxito de su proyecto empresarial, que ha supuesto ya una inversión de 10 millones. El científico ya lo han desarrollado. Pero otro hándicap con el que se encuentran es que Bio Fuel Sysytem (BSF) se está introduciendo en un escenario internacional en el que no sólo priman los criterios económicos y de reducción de costes, sino otros por los que, incluso por la evolución de las cotizaciones y el desajuste de la demanda
La automoción se plantea como uno de los primeros sectores a conquistar, pero también el eléctrico. De otra parte, en la industria cosmética se encuentra, asimismo, otro punto de mira. Los oligoelementos extraídos de algas pueden aportar un proceso natural y económico a este mercado. Y si se introdujeran en el de la celulosa, como pretenden, se contribuiría a reducir la actual deforestación.

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Las empresarios acusados de contaminar el Segura se enfrentan a 26 años de cárcel

La Fiscalía reclama el cierre de las fábricas por dos años salvo que hayan subsanado sus deficiencias
E..D.G./ REDACCIÓN INFORMACIÓNL a Fiscalía ha solicitado penas que suman 26 años de cárcel y multas por valor de 140.400 euros para los representantes de siete empresas de Orihuela, Callosa del Segura y Redován acusados de realizar vertidos ilegales en el río Segura con anterioridad al año 2002.
El juicio por este caso se celebrará del 1 al 5 de octubre en la sección séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche y será asistido por otro fiscal diferente al que inició la investigación, Ricard Cabedo. En el banquillo se sentarán los representantes de las empresas Congesa, Calzados Plásticos Españoles S.A., Manuel Mateo Candel S.L., Incovega S.L, J. Bernabé Díaz S.L., Ahumados Torá S.L., y Baden Tint S.L. A todos ellos se les acusa de distintos delitos relacionados con la Ley de Aguas, con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con la Ley de Saneamiento de Aguas Residuales y con diversas ordenanzas municipales. En el banquillo también se sentaran ex altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a pesar de que fueron ex culpados por el fiscal Cabedo ya que las acusaciones
Según consta en el escrito de acusación, los análisis realizados en mayo de 2000 en el río Segura determinaron la salinización de la cuenca hídrica, la «elevada concentración de materia orgánica en descomposición, presencia de metales pesados como cobre, zinc o cadmio y una alta concentración de aceites y grasos».
Para aclarar el origen de estos vertidos que, según el fiscal, hacen que el río parezca un «colector de aguas residuales», se realizaron comprobaciones en distintos puntos que condujeron a las siete mercantiles implicadas.
En Orihuela se investigó a las empresas Congesa, Manuel Mateo Candel S.L., Incovega S.L. y Baden Tint S.L., las tres primeras dedicadas a la preparación de vegetales y frutas y la cuarta al tintado de fibras textiles. Asimismo, en Callosa de Segura se investigó a la empresa Calzados Plásticos Españoles S.A., y en Redován a las empresas J. Bernabé Díaz S.L., dedicada a la fritura de patatas, y a Ahumados Torá S.L., que prepara ahumados y salazones de pescados. En todos los casos se producían vertidos a distintos puntos del río, algunos con autorización provisional de la CHS, que fueron en todos los casos excepto en el de la mercantil Incovega, revocada, porque no cumplía las exigencias de depuración. La Fiscalía ha solicitado el cierre de las fábricas por un periodo de dos años, salvo que la CHS o los ayuntamientos indiquen que han corregido los vertidos y cumplen los parámetros establecidos.

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La Fiscalía crea una sección con cuatro fiscales para perseguir delitos ecológicos

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ INFORMACIÓN. La Fiscalía de Alicante ha destinado a cuatro fiscales a la sección dedicada a perseguir los delitos medio ambientales, según confirmaron a este diario fuentes del ministerio público. Tres fiscales estarán en la Audiencia Provincial de Alicante y el cuarto estará en Elche para hacerse cargo de los asuntos del sur de la provincia. El fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, ya ha propuesto a las personas que se ocuparán de estos asuntos, que ahora deberán ser ratificados por la junta de fiscales, y todavía queda estudiar cómo se llena de contenido los asuntos de esta sección.
La iniciativa se ha puesto en marcha a raíz de una instrucción de la Fiscalía General del Estado instando a crear secciones especializadas en Medio Ambiente para perseguir los delitos ecológicos. La creación de estas secciones especializadas dentro del ministerio público ya se puso en marcha
Alicante lleva años siendo una de las pocas provincias que contaba con un fiscal especializado en asuntos medio ambientales. Con el día a a día, esta misma persona ha acabado asumiendo también la investigación de los incendios forestales y bastantes de las denuncias por asuntos urbanísticos que llegan al ministerio público. La instrucción ha sido aprovechada para hacer una pequeña remodelación interna dentro de la Fiscalía.
La circular señala que las secciones de medio ambiente estarán integradas por un fiscal delegado de la jefatura que asumirá las funciones de dirección y coordinación que específicamente le sean encomendadas y los fiscales adscritos que se determinen. Como coordinador se ha mantenido al fiscal que llevaba ocupándose de los asuntos medio ambientales durante los últimos años, Juan Carlos Carranza.
El reparto del trabajo y de asuntos con los otros tres fiscales se tendrá que ir perfilando en próximas reuniones, aunque está previsto que el asunto se lleva a la próxima junta de fiscales, que se convocará cuando se haya incorporado toda la plantilla de las vacaciones veraniegas.
Medio centenar de investigaciones al año
J.A. M. El área de Medio Ambiente ha sido una de las que más investigaciones de oficio ha abierto en el ministerio público alicantino, según reflejaba la última memoria de la Fiscalía.
Durante el año pasado, la Fiscalía incoó un total de 52 diligencias de investigación por delitos contra la ordenación del territorio. De ellas, prácticamente la mitad acabaron archivadas al no hallarse indicios de delito; mientras que veinte fueron remitidas al juzgado al apreciarse indicios de responsabilidad de los presuntos infractores. De todas maneras, no todos estos delitos denunciados tuvieron un trasfondo político, ya que la mayoría de ellas fueron presentadas contra particulares por ilegalidades en la construcción de sus viviendas.
Más preocupante es el panorama en lo referente a los incendios forestales, ya que el año pasado se abrieron 89 diligencias de investigación por esta materia de las cuales tan sólo tres acabaron en el juzgado. El resto acabaron archivadas ante la imposibilidad de poder identificar a los autores. De todas maneras, no todos estos incendios pueden atribuirse necesariamente a actuaciones delincuenciales, ya que las investigaciones se abren de oficio cada vez que se declara un siniestro.
Entre los asuntos de mayor peso que se encuentran en estos momentos en la mesa del fiscal de medio ambiente de Alicante se encuentra el de los vertidos al Segura, que en breve debe juzgar la sede de Elche de la Audiencia; la investigación de las ilegalidades urbanísticas de Catral; o una denuncia contra la antigua junta de gobierno del Ayuntamiento de Xàbia por una presunta prevaricación en la licencia de un hotel, entre otros. La actividad del área ha tenido que ser compatibilizada hasta ahora con otras tareas dentro del ministerio público alicantino, un problema al que se enfrentan otras áreas especializadas de la Fiscalía.

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El corredor de Noé

Australia reserva un área de 2.800 kilómetros de longitud, a lo largo de casi toda su costa este, para facilitar las migraciones de especies que forzará el cambio climático... Interesante reportaje en EL PAIS

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El cambio climático ya altera las lluvias en todo el planeta

Científicos miden por primera vez el efecto humano en las precipitaciones

Las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano están ya cambiando los patrones de precipitaciones en el planeta. Los científicos lo han detectado por primera vez. En el siglo XX aumentaron las precipitaciones en las latitudes medias del hemisferio Norte y disminuyeron en las regiones subtropicales y tropicales; sin embargo, en los trópicos y subtrópicos del Sur ha aumentado la humedad.
Estos cambios "no pueden explicarse si se intenta ignorar el efecto del cambio climático inducido por el hombre y, además, pueden haber tenido ya efectos significativos en los ecosistemas, la agricultura y la salud humana en regiones que son sensibles a los cambios de las precipitaciones, como el Sahel", afirman los autores de la investigación en el próximo numero de la revista Nature, que se publica este jueves. Son ocho especialistas de los
más prestigiosos institutos de investigación del clima de Canadá, EE UU, Europa y Japón.
Los científicos habían encontrado ya señales claras del cambio climático en marcha, como el aumento de la temperatura media en la superficie terrestre, variaciones en la temperatura atmosférica y el calentamiento del océano. Pero hasta ahora no habían podido distinguir cambios significativos en los patrones de precipitaciones a escala planetaria, aunque las simulaciones del clima en computador, herramienta esencial en esta ciencia, ya los anunciaban.
El problema para detectar este tipo de firma del cambio climático a escala global, explican los expertos, es que las variaciones en las lluvias de una zona a otra, de temporada en temporada y de año en año, se cancelan unas con otras y es muy delicado aislar una tendencia clara, como han hecho ahora Xuebin Zhang (División de Investigación del Clima, Canadá) y sus colegas.
Los científicos no están estudiando unas lluvias torrenciales concretas en una región determinada, sino la tendencia de los patrones de lluvias a lo largo del siglo XX. En concreto, han analizado series de datos de precipitaciones mensuales de dos periodos (1925-1999 y 1950-1999) para detectar la tendencia del cambio. Los cambios se han medido respecto a la media de precipitaciones de 1961-1990.
Con la información han compuesto un mapa del globo terráqueo de grandes bandas latitudinales (de 10 grados de ancho) en las que identifican esta nueva huella, a gran escala, del cambio climático asociada a las precipitaciones. Al comparar la tendencia de las lluvias registradas en esas series de años con las simulaciones climáticas -en las que pueden incorporar o no los gases de efecto invernadero generados por la acción humana para diferenciar su influencia-, los expertos concluyen que los cambios observados en las precipitaciones no se pueden explicar atendiendo únicamente a la variabilidad natural del clima. El efecto de los altibajos normales, no forzados por las emisiones humanas, "es demasiado pequeño", concluyen, para explicar la evolución de las lluvias en el planeta en las últimas décadas.
Este tipo de investigación permite a los científicos concluir en Nature que el cambio climático inducido por la actividad humana es responsable de entre el 50% y el 85% del aumento de las lluvias detectado en los territorios comprendidos entre los 40 y los 70 grados de latitud Norte.
Asimismo, cabe adjudicar a las emisiones de efecto invernadero artificiales entre el 20% y el 40% de la tendencia a la sequía registrada en las zonas tropicales y subtropicales del mismo hemisferio septentrional y de la mayor parte de la tendencia al incremento de la humedad en los trópicos y subtrópicos del hemisferio Sur.

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