Adena culpa al urbanismo salvaje del desastre de la riada en Alicante

EL PAÍS
Los ecologistas piden al Consell que revise los planes de ordenación territorial.
El colectivo ecologista WWF/Adena apuntó ayer a la desordenada ocupación urbanística como primera causa de la magnitud de los daños ocasionados por las inundaciones que han asolado desde el pasado día 12, de manera casi ininterrumpida, el norte de Alicante. En un comunicado oficial, el grupo conservacionista, instó al Consell a que "revise" los planes de ordenación urbanística en el litoral para evitar que en el futuro se reproduzcan los fuertes impactos por lluvias torrenciales. Adena señala que la Generalitat admite que existen cientos de miles de viviendas construidas en zonas calificadas como "inundables pero no sólo no asume sus responsabilidades sino que ha acusado al ministerio de Medio Ambiente como responsable de la catástrofe por no mantener los cauces limpios". "Las dramáticas consecuencias de las intensas precipitaciones que asolaron el litoral alicantino reflejan la necesidad de desarrollar y aplicar políticas efectivas de ordenación territorial que minimicen el impacto de las lluvias torrenciales", añade.
Para el grupo conservacionista, la ocupación del litoral, de los cauces de los ríos y barrancos en los últimos años por la construcción de viviendas y viales ha destruido los ecosistemas naturales, vitales para paliar los efectos de las riadas.
Por su parte, el Ayuntamiento de Calp ha elaborado un catálogo de las carencias observadas en las cuencas de los barrancos y resto de la red hidráulica de la localidad como primera medida para impulsar un plan de obras para prevenir futuras riadas. "Nuestra prioridad es encontrar soluciones y emprender obras que eviten más catástrofes de esta naturaleza", señaló ayer el alcalde, el socialista Luis Serna.
El primer regidor destacó que la primera medida será ampliar la desembocadura de los barrancos y mejorar los desagües en las calles de Holanda y de Luxemburgo.
Serna estimó en 22 millones de euros las pérdidas en infraestructuras y dotaciones públicas originadas por el temporal. Sólo la recuperación del paseo marítimo y las playas supondrá una inversión de 6 millones de euros, el resto han sido pérdidas en infraestructuras y mobiliario municipales.
A este listado en daños en infraestructuras públicas se suman las millonarias perdidas que han sufrido los particulares como consecuencias de inundaciones de bajos comerciales, garajes y vehículos arrastrados por la corriente del agua.

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Terapia de choque para la costa

EL PAÍS
El Gobierno ofrece a las autonomías un pacto contra el urbanismo salvaje - El plan quiere recuperar 776 kilómetros de Mediterráneo ocupados por casas.
En primera línea de la playa de Calpe se construye actualmente un hotel de 24 plantas. El edificio invade la zona de protección que fijó la Ley de Costas en 1988. Pero las máquinas siguen adelante. En Adra (Almería) hay 500 familias que ven cómo el mar amenaza con invadir sus casas, humildes viviendas sobre la misma playa hace décadas.
Hay casos a miles: dos torres proyectadas en Benidorm (Alicante) en zona pública; casas sobre el mar en Pupí (Almería) sin que esté claro sin es suelo público; un complejo paralizado en La Manga del Mar Menor que pretendía ganar terreno al mar...
Son sólo unos ejemplos de la disparatada situación que vive la costa española, motor económico del país como imán del turismo, y en la que la aplicación de la Ley de Costas es muy deficiente. La norma establece que toda la playa (o el lugar que alcanza los mayores oleajes) es pública. Después viene una servidumbre de paso de seis metros para que cualquiera pueda recorrer el litoral, y después 100 metros de protección, en los que se pueden instalar campos deportivos o cultivos pero no casas.
Todo esto, si el terreno no estaba declarado como urbanizable cuando la ley entró en vigor. Para las casas que ya estaban construidas legalmente en la playa en 1988, la ley les dio una concesión que normalmente es de 30 años y que comenzará a caducar en 2018.
Casi 20 años después de la entrada en vigor de la norma, el Ministerio de Medio Ambiente ha preparado una terapia de choque para reanimar al enfermo. El próximo miércoles ofrecerá a las comunidades autónomas un gran acuerdo, un pacto de Estado, no sólo para frenar el urbanismo salvaje sino para pactar la demolición de las viviendas, chalés, hoteles y piscinas que ocupan la zona pública de costa y así recuperar lo que ya está destruido.
"Sin acuerdo de las comunidades y ayuntamientos no será posible aplicar este plan, pero tenemos que convencer a las Administraciones de que retirando algunas casas fastidiamos a unos pocos pero a cambio gana mucha más gente y desde luego aumentará el turismo de calidad", explica el secretario general para la Biodiversidad y el Territorio del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano.
El Gobierno les va a proponer "un cambio radical en la política de costas. Hasta ahora hacíamos paseos marítimos, que en realidad era poner dinero público para los gastos de urbanización de un promotor. Ahora queremos pasar a recuperar para el uso público los 8.000 kilómetros de costa". El pacto propuesto a las autonomías bajo el nombre de Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa abarca por el momento al Mediterráneo, Baleares, Canarias y Cádiz y Huelva. El Cantábrico, aún no tan urbanizado, queda fuera de esta primera fase.
Para los próximos años (la estrategia no tiene un plazo de ejecución) el ministerio prevé "rescatar concesiones" a lo largo de 776.972 metros de costa mediterránea y de Canarias. Se trata de rescatar los permisos de ocupación del dominio público de las viviendas construidas antes de la Ley de Costas para demolerlas y darle uso público. "Pretendemos negociar, no ir directamente a la expropiación, porque los propietarios suelen pleitear y eso alarga enormemente los trámites", según Serrano. Pese a ello, el Gobierno insiste en que su propuesta no es un plan de expropiaciones masivas.
Por eso es esencial la colaboración de ayuntamientos y comunidades. Porque el ministerio sólo tiene competencias en los primeros metros de costa y pretende que los ayuntamientos cedan suelo a esos propietarios en zonas alejadas de la costa.
Aplicar el plan costaría 5.000 millones de euros, pero Medio Ambiente insiste en que es una estrategia a largo plazo y que sólo será posible con colaboración institucional y empresarial.
La barrera de hormigón ha llegado a tal punto en el Mediterráneo que el 36% es suelo urbano y el 11% es urbanizable. Eso quiere decir que más de 1.000 kilómetros de la primera línea del Mediterráneo y Canarias ya están construidos o en vías de serlo. Por el contrario, un 32% de la primera línea está protegida (eso no impide que se construya 100 metros más atrás) y el 21% es no urbanizable.
Además, Medio Ambiente quiere construir 782 kilómetros de caminos naturales bordeando el litoral "para que cualquiera pueda circular la costa, no en coche, sino a pie o en bicicleta. Intentaremos huir de las obras duras", explica Serrano, catedrático de Ordenación del Territorio. En las pocas zonas que permanecen vírgenes, Medio Ambiente no construirá estos caminos, sino rutas alejadas del mar con viales para llegar al mar.
Otra de las cosas que tiene en cuenta el plan es la subida prevista del nivel del mar por efecto del calentamiento. Un estudio encargado por el Ministerio a la Universidad de Cantabria concluyó que las playas pueden retroceder en 2050 una media de 15 metros. Zonas como el Delta del Ebro son especialmente vulnerables. Allí, la urbanización Riumar queda tras la línea que teóricamente alcanzará el mar de unas décadas. Pero hay más. Serrano va a su despacho y vuelve con una foto de una urbanización en Valencia construida bajo el nivel del mar. "Tenemos que recuperar estas zonas e ir hacia atrás. Dejarlas libres para que la relación con el mar sea natural", sentencia Serrano.
El plan incluye obras de regeneración de dunas (el 70% está en regresión) y eliminar las obras que impiden la regeneración natural de las playas. También aborda las mejores formas para evitar la pérdida de arena de playas que producen los puertos deportivos.

Derribos de casas, compra de fincas.
El 30 de octubre de 2006, la Dirección General de Costas comenzó uno de los mayores derribos de viviendas en la zona pública de costa. En el término municipal de El Sauzal (en Tenerife) demolió 418 viviendas de mala calidad y utilizadas para los fines de semana que ocupaban 2.191 metros de costa. Aunque Medio Ambiente afirma que los derribos se hicieron con acuerdo de los vecinos, éstos se manifestaron y las máquinas tuvieron que trabajar escoltadas por la Guardia Civil. Ahora construye allí un camino peatonal de 1,5 kilómetros.
Desde 2004, Medio Ambiente ha demolido otras 337 edificaciones. En muchos casos se trata de chiringuitos o pequeñas construcciones. Sólo en casos excepcionales se trata de grandes obras. Es el caso de las antenas de Radio Liberty, desde las que Estados Unidos emitía propaganda hacia los países del Este, en Girona. A menudo, son pequeñas casas de pescadores las que caen.
El Gobierno prepara desde hace más de un año un camino para hacer accesible un tramo de tres kilómetros de costa de Mallorca que un grupo de millonarios "ha privatizado de hecho", en palabras del director general de Costas, José Fernández. En esa zona tienen sus casas Ana Obregón, Carlos Sáinz o Pedro J. Ramírez.
Además de los derribos, el ministerio ha acelerado el plan de deslindes (el trámite que delimita la zona pública y la privada de costa). En teoría, es sencillo trazar la línea sobre el mapa, pero en la práctica el trámite tarda años. Primero hay que hacer estudios técnicos para ver hasta dónde llega el agua en caso de grandes temporales. Luego, los vecinos afectados suelen pleitear cuando ven que sus terrenos, para los que preveían enormes ganancias, quedan incluidos como dominio público.
El trámite debía estar concluido a lo largo de toda la costa en 1993 pero aún falta el 20% unos 2.000 kilómetros de costa, por deslindar. Entre 1988 y 2003 el ritmo de deslinde fue de 360,9 kilómetros al año de media. En este año ya se han concluido más de 600 kilómetros, según el Ministerio de Medio Ambiente, que prevé concluir los deslindes en 2008.
Aunque trazar la raya parece una formalidad es imprescindible. Sin deslinde "no se puede resolver un expediente sancionador por una ocupación indebida", según el ministerio.
La tercera pata de la política de Costas es el programa de adquisición de terrenos para protegerlos de la especulación urbanística. El Gobierno ha tasado 32 fincas (en total 19,5 millones de metros de metros cuadrados) en 105.854.789 euros. Si consigue comprar esos terrenos será un chollo ya que el metro cuadrado sale a 5,4 euros.
Entre las fincas que el ministerio quiere comprar se encuentra la del Hotel del Algarrobico, pero la parte que pretende expropiar sólo ocupa la mitad del hotel. El Gobierno ha ofrecido 30 millones a la promotora a cambio de tirar todo el hotel y quedarse la mitad del terreno. Después el constructor podría construir en la mitad de la finca (y en los alrededores que ya son urbanizables). La ley permite al Gobierno comprar terrenos más allá del dominio público para asegurarse su conservación.
El pasado 24 de octubre, el Gobierno anunció la compra de la isla de Sálvora y los islotes de Noro y Vionta, situados en la desembocadura de la Ría de Arousa (Pontevedra), para su incorporación al Dominio Público. La inversión ascendió a 8,5 millones.
Medio Ambiente se ha garantizado el derecho de tanteo sobre las miles de hectáreas, muchas de ellas en desuso, que Defensa conserva en el litoral. Gracias a este acuerdo ya compró 300 hectáreas en Murcia por ocho millones de euros. El terreno estaba ya cercado por los promotores, que vieron cómo el acuerdo desvanecía sus aspiraciones inmobiliarias.

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Exigen la protección del Cabeçó y La Grana con 6.000 firmas

Un entorno natural repleto de especies y vegetación
Las sierras del Cabecó d'Or y La Grana acogen una gran cantidad de especies animales y diferentes formaciones vegetales. En la zona se han catalogado más de 40 especies distintas de aves, entre las que destacan el búho

En cuanto a la vegetación, existen formaciones de pino carrasco, encina, coscoja, enebro, sabina, lentisco y madroño, entre otras. Todos estos datos, extraídos del documento que adjuntó ayer «Pueblo de Aigües» con las firmas, pretenden ser un añadido para que el Consell acepte declarar como Parque Natural las sierras del Cabeçó y La Grana.

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¡Es posible!... I Premio de Edificación Sostenible

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Compromís per Sella, Compromís pel Territori. Concentración en Sella el proper 7 de juliol

Según la organización "Demaném no més el nostre dret a dir el que volem, a reclamar el nostre espai públic, a demanar una millor calitat de vida per als nostre poble, en definitiva, demanem un nou model territorial, social i econòmic i energètic, mitjamçant l'obertura d'un ampli debat social".

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Greenpeace denuncia que la Comunidad prevé crear 500.000 viviendas en la costa

Greenpeace denunció ayer que los planes urbanísticos del litoral de la Comunidad Valenciana prevén la construcción de cerca de 500.000 viviendas en esta autonomía, lo que, a su juicio, constata el «inmovilismo» de las administraciones de cara a frenar la destrucción de la costa. Estos datos se desprenden del informe «Destrucción a toda costa» que la organización ecologista presentó ayer en Madrid y en Barcelona y en el que muestra la evolución del litoral español desde el año 2001.

El estudio alerta de que el «desaforado urbanismo» ocupa cada día, una superficie equivalente a tres campos de fútbol en el litoral español, a la vez que asegura que los «ayuntamientos costeros» planean construir tres millones de viviendas nuevas en España.

En concreto, en la Comunidad actualmente hay proyectadas 466.685 nuevas viviendas, 16 nuevos campos de golf, 5 planes de construcción o ampliación de puertos deportivos para albergar 2.514 amarres y hay 800 causas judiciales por delitos relacionados con el urbanismo acumuladas en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, así como 33.175 viviendas ilegales detectadas, según Greenpeace.

A su juicio, el principal problema de esta autonomía es el urbanismo, y pone como ejemplo el hecho de que, en 2004, cada kilómetro cuadrado de la Comunidad recibió una media de 288 toneladas de cemento, «una cantidad cinco veces superior a la media europea». Entre los años 2000 y 2006, el asfalto y el cemento ocuparon una superficie de entre 16.500 y 25.000 hectáreas.

Según señala el documento, la Comunidad, sólo superada por las comunidades de Andalucía y Canarias, se sitúa al frente del «desarrollo insostenible» del territorio, como recoge el último informe de la sostenibilidad de España, donde se señala que la causa de este liderazgo es «el mal uso que viene realizando de su litoral».

Desde la organización ecologista explicaron que los proyectos de urbanización en la Comunidad «se cuentan por miles» y que hay localidades en las que su previsión urbanística hará aumentar su población «de forma exponencial», como el caso de Torreblanca (Castellón), en la que se prevé la construcción de 46.000 viviendas, lo que aumentaría su población actual - 5.650 habitantes - en un 2.320%, o Guardamar del Segura, en Alicante, en la que las 38.680 viviendas previstas elevarían la población en un 826 %.

Aseguraron que el Parlamento europeo supervisa «muy de cerca» el urbanismo en esta Comunidad y que el último informe de esta institución denuncia la consolidación de un «modelo de urbanismo depredador de los intereses particulares de propietarios, del territorio y del medio ambiente».

Greenpeace también recoge un informe del Consejo Económico u Social (CES), que revela la conversión del 25% del suelo agrícola en paisaje de cemento y ladrillos, en el que destaca el caso de Torrevieja, donde dicha reducción es de un 1.600% en los últimos 20 años.

De 542 localidades de la Comunidad, 123 aspiran a recalificar como suelo urbanizable 194 millones de metros cuadrados de suelo rústico, de los que 59,3 millones se encuentran en la provincia de Alicante, 67,2 millones en Valencia y 68 en Castellón. A su vez, señala que «ni uno solo de los 25 PAI de la provincia de Alicante aprobados por el Consell en los años 2005 y 2006 incluyeron el preceptivo informe de la confederación hidrográfica competente asegurando la disponibilidad de agua para la futura población, a pesar de que así lo exige la Ley de Aguas».

Entre los 18 puntos negros de la provincia, el informe destaca las 15.000 viviendas del Plan Rabasa, la recalificación del suelo de Terra Mítica para 2.000 apartahoteles, un hotel de 24 plantas en Calpe a 6 metros del mar, la construcción de 2.500 viviendas en Dénia edificadas sin red de alcantarillado o la construcción de 1.744 viviendas y un nuevo puerto deportivo en el único tramo de costa virgen de Orihuela. La única buena noticia, según la asociación, ha sido la paralización del puerto de Campomanes en Altea.

Greenpeace concluye en su estudio que la situación del litoral de la Comunidad es «cada vez peor» y que, por ello, es preciso «poner en marcha medidas puntuales para limitar el crecimiento desmedido de la urbanización», como el control de construcción de segundas residencias, campos de golf y puertos.

Y en EL PAÍS

Greenpeace denuncia que hay 354 cargos públicos implicados en casos de corrupción en el litoral

Más de tres millones de viviendas y 300 campos de golf se construirán en la costa española

Un total de 354 cargos públicos, entre ellos varios alcaldes, están implicados en 89 casos de corrupción urbanística, según el informe Destrucción a toda costa, que presentó ayer Greenpeace. El estudio señala además que en la costa española ya está previsto construir más de tres millones de nuevas viviendas y 316 campos de golf. Los ecologistas denuncian que el urbanismo ocupa cada día en el litoral español una superficie equivalente a tres campos de fútbol.
Marbella como paradigma de los escándalos judiciales, el hotel de 21 plantas que se construye en la playa del Agarrobico (Almería) como el de los "atropellos" urbanísticos, y Marina de Cope, el mayor complejo urbanístico de España, en Murcia, como paradigma de la desclasificación de un terreno natural protegido para construir... Son algunos de los ejemplos que se destacan en el informe anual de la asociación ecologista.
La superficie equivalente a tres campos de fútbol es absorbida cada día, de media, por proyectos urbanísticos. En concreto, los ayuntamientos costeros tienen previstas 2.999.743 viviendas nuevas. Además, se han detectado 99.519 viviendas ilegales y 89 casos de corrupción urbanística investigados, en los que están implicados 354 cargos públicos, entre alcaldes, concejales, constructores, testaferros, etc.
La comunidad que peor parada sale de entre el maremágnum de cifras del estudio es Andalucía. A pesar de constituir tan sólo el 10% del territorio, el litoral andaluz concentra una tercera parte de la población de la comunidad autónoma. El informe indica que en ese espacio están proyectadas 683.350 viviendas. Además, los ecologistas han detectado 41.800 inmuebles ilegales y 200 proyectos de campos de golf. El dato más alarmante es que Andalucía ocupa el primer puesto también en casos de corrupción urbanística. 28 ayuntamientos, con Marbella a la cabeza, se enfrentan a investigaciones y procesos judiciales en los que están implicadas 180 personas por diversos delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio.
Las Islas Canarias tienen el dudoso honor de situarse en segundo lugar de comunidades destructivas con la costa. El archipiélago tiene la previsión de construcción de plazas turísticas y puertos deportivos más elevada de toda España. El informe hace hincapié en los casos investigados por la justicia, como la Operación Góndola, una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Mogán (15.000 habitantes), gobernado por el PP o los supuestos pagos de Fórum Filatélico al alcalde y al presidente de la autoridad portuaria de Santa Cruz.
El urbanismo valenciano está siendo vigilado de cerca por el Parlamento Europeo desde hace años. Eso no ha impedido que los planes urbanísticos prevean la construcción de casi 500.000 viviendas, lo que demuestra, en opinión de los ecologistas, el "inmovilismo" de las Administraciones de cara a frenar la destrucción de la costa. Greenpeace denuncia que de 542 municipios de la comunidad, entre un 15% y un 20%, concentrados principalmente en la zona costera, han experimentado graves problemas derivados de la urbanización masiva. Entre los años 2000 y 2006, apunta el informe, el asfalto y el cemento ocuparon una superficie de entre 16.500 y 25.000 hectáreas.

Murcia destruye su costa

El cuarto puesto de región más destructiva con su costa es para Murcia, que proyecta la construcción de 330.000 viviendas en una franja litoral que no llega a los 300 kilómetros longitud. O lo que es lo mismo: 1.137 viviendas por kilómetro de costa. A Murcia le sigue Galicia, donde la superficie urbanizada de sus costas alcanza el 16%, dos puntos por encima de la media nacional. Entre los ayuntamientos gallegos, que prevén la construcción de 800.000 viviendas en los próximos años, se han detectado 16 casos de corrupción.
La destrucción de la costa catalana y balear avanza y su situación es peor que hace un año. La causa principal es el incremento de viviendas, campos de golf y puertos deportivos proyectados. En concreto están previstas 100.000 viviendas nuevas. Este crecimiento trunca la "visión optimista" que tenía la organización en los años anteriores, debido a las promesas del Gobierno tripartito.
Tampoco salen bien parados Cantabria y el País Vasco. En el primer caso, se siguen acumulando sentencias de derribo de viviendas ilegales. En el litoral de Euskadi se han detectado 17 puntos negros, donde se prevén construir 1.720.000 viviendas que, según los ecologistas, "se alejan mucho de las realidades de la población".

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El Consell aprobará otro catálogo forestal para contrarrestar la anulación del TSJ

E l conseller Esteban González Pons anunció ayer que el Consell aprobará el próximo viernes una «actualización» del inventario forestal «aprovechando», según una nota pública de su departamento, la «firmeza» de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre la anulación del Plan General de Ordenación Forestal (PGOF).

Pese a la urgencia por aprobar el nuevo catálogo - uno de los elementos esenciales del PGOF - , la Conselleria quiso transmitir ayer una sensación de normalidad.

González Pons explicó que el TSJ anula el plan «por un defecto de forma - no consultarlo con el Consejo Asesor del Medio Ambiente - , no de fondo, por lo que su contenido se reproducirá en el inventario mientras el PGOF se vuelve a tramitar».

En este sentido cabe apuntar que la persona que denunció el plan lo hizo también por razones de fondo - inseguridad jurídica - aunque el TSJ se limitó a analizar una de las causas posibles de suspensión, que resolvió declarando el plan contrario a derecho, y no juzgó el resto.

Respecto al silencio y la inactividad del Consell desde que se dictó la sentencia - 26 de enero - , González Pons dice que la Generalitat «no ha incurrido en ninguna irregularidad respecto a la aplicación del PGOF, ya que tuvo conocimiento de la primera sentencia del TSJ el pasado mes de marzo».

«Desde entonces, ha valorado la posibilidad de recurrirla y la firmeza de la misma se le ha notificado el 4 de junio de 2007...», afirma el conseller en su nota.

Francesc Signes, responsable del área de medio ambiente del PSPV, la sentencia fue notificada tras la decisión del tribunal «y obliga desde entonces» y añade que el 27 de mayo, dos días antes de las elecciones, el tribunal tuvo que exigir el cumplimiento de la misma.

González Pons afirma que no es cierto que deban revisarse todos los planes urbanísticos y argumenta que los mismos se sostienen en la Ley Forestal y en su reglamento. Según el conseller, la sentencia solo es aplicable de cara al futuro pese a que muchos de estos planes se remiten directamente al PGOF y a no a la ley forestal, tal y como afirma González Pons. Por último, el conseller manifestó que el plan nunca ha sido un instrumento para liberalizar suelo, «sino justo lo contrario», aunque ahora, los errores «formales» en la tramitación del texto legal a los que aludía González Pons pueden provocar recursos de promotores a los que se les ha negado la posibilidad de construir de acuerdo a un catálogo de suelo forestal «contrario a derecho», según el TSJ.

El secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV-PSOE, Francesc Signes, dijo ayer que «una de las principales causas» de la anulación del Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) ha sido «la arrogancia política» del Partido Popular, que lo aprobó «con 11 años de retraso y sin consultar al Consejo Asesor de participación de Medio Ambiente». Signes indicó que una de las primeras iniciativas que adoptará el Grupo Parlamentario Socialista una vez que se constituyan Las Cortes será «exigir al conseller de Territorio y Vivienda que abra una investigación para estudiar y analizar las consecuencias que provocará la anulación del Plan General Forestal».

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El TSJ anula el Plan Forestal en el que se apoyan decenas de planes urbanísticos

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