La institución reprocha al Ayuntamiento que necesita un informe de la CHJ que asegure el suministro a las 1.800 nuevas casas
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L a Síndica de Greuges ha dado un espaldarazo a la asociación Veïns de Parcent a través de la contestación que la institución ha realizado a las quejas presentadas por los vecinos que están en contra de los tres PAI que construirán 1.800 nuevas viviendas en una población que no supera los 1.000 habitantes. «Esta institución quiere llamar la atención del Ayuntamiento de Parcent y la Conselleria de Territorio para que no se apruebe este macroproyecto urbanístico sin que se acredite la existencia de recursos hídricos suficientes». Acreditación que por el momento no ha tenido lugar.

En este sentido, la defensora del pueblo valenciano reprocha al consistorio gobernado por la popular Mari Carmen López que «sin el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), esta institución no entiende cómo los miembros de la corporación -en referencia a los cuatro concejales del PP que apoyaron los planes- han podido desplegar un ejercicio responsable del voto sin conocer cuestiones tan trascendentales como si existe agua suficiente».

De este modo, la Síndica en funciones, Emilia Caballero, no acepta el informe de la Comunidad de regantes que fue remitido por el ayuntamiento y en el que se aseguraba «que se cuenta con los caudales suficientes para atender a los futuros desarrollos incluso muy por encima de los previstos en los tres planes parciales que nos ocupan».

Es más, para la Síndica «la obligatoriedad de acreditar la existencia de recursos hídricos suficientes mediante un informe vinculante de la CHJ resulta justificada por la gravedad de la situación en la que se encuentra la Cuenca del Júcar, sin apenas reservas de agua». La capacidad de dicha cuenca está, según la misma institución, al 11,7%, unas cifras que «resultan verdaderamente alarmantes y deben ser tenidas en cuenta por el Ayuntamiento de Parcent y la Conselleria de Territorio».

El anuncio de la respuesta de la Síndica lo hizo ayer el portavoz de la asociación Veïns de Parcent, Joan Carles Poquet, quien aseguró que «ahora podemos afirmar con rotundidad que estos PAI son ilegales» por lo que pidió «un proceso que comience de cero». En este sentido, desde la entidad conservacionista consideran que el dictamen de la Síndica, que es «un apoyo de una gran magnitud y reafirma nuestra lucha», puede servir en caso de que el ayuntamiento rechace finalmente los planes urbanísticos. «Podría ayudarnos para no tener que indemnizar a los promotores».

Unos constructores que dieron 300.000 euros al ayuntamiento precisamente para que compre el agua que debe abastecer a los PAI y sobre la que ahora la defensora del pueblo ha dicho que no está asegurada.