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El Ministerio de Medio Ambiente calcula en un 30% el aumento necesario del precio del agua en su uso urbano para que queden cubiertos los costes ambientales, es decir, el daño que los usos de este recurso generan en el medio ambiente y, consecuentemente, en la población. Así lo anunció ayer la asesora para la Directiva Marco Europea del Agua del ministerio de Medio Ambiente Josefina Maestu en su conferencia en la Convención Hidronómica 2006, que se celebra en Barcelona, para debatir sobre cómo evaluar el coste real del agua y cómo éste se debe incluir en su precio en el mercado.

Según la experta, el precio del agua es «muy barato» en España, si se tiene en cuenta que de media los españoles pagan 33,9 euros al mes por gastos del teléfono móvil y sólo 13,79 por el agua.

En cualquier caso, «el precio actual no cubre los costes ambientales, que cada vez nos afectan más», ni tampoco es suficiente para «garantizar los requisitos de calidad de agua que fija la directiva marco europea del agua». Maestu admitió que la decisión de encarecer el agua no es muy popular, pero advirtió de que «tomar medidas cuesta, pero no tomarlas nos va a costar mucho más».

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, recordó que la Constitución establece que «las grandes decisiones sobre los ríos que transcurren por más de una comunidad autónoma corresponden al Gobierno». Preguntada por la supuesta intención del Gobierno de modificar estatutos de autonomía pendientes de aprobación para eliminar referencias a la política hídrica como la reserva de agua que establece el proyecto aragonés o la eliminación el Tajo-Segura, la ministra se remitió a lo dicho el pasado viernes por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. «Trasladó la voluntad del Gobierno de hacer compatibles los intereses territoriales con el interés general».