Paralización judicial de los planes urbanísticos sin agua
URBANISMO
Medio Ambiente aplaude la paralización judicial de los planes urbanísticos sin agua garantizada
REDACCIÓN INFORMACIÓN
El Ministerio de Medio Ambiente expresó ayer su respaldo a las decisiones jurídicas de paralizar los planes urbanísticos que carecen de un informe favorable para su abastecimiento hídrico y afirmó que suponen un «avance espectacular» en la defensa de los derechos ciudadanos, según apuntó la ministra Narbona.
La titular de Medio Ambiente recordó que su departamento ha puesto en marcha una modificación de la legislación sobre el agua «para que sea obligatorio el informe previo de las confederaciones hidrográficas». Los ciudadanos, defendió, «tienen derecho a que las ciudades se transformen de acuerdo con el interés general y no de acuerdo con intereses particulares y, en muchos casos, con intereses claramente especulativos».
La ministra también recordó que el proyecto de Ley del Suelo, que en estos momentos está en trámite parlamentario, también «avanza» en esta cuestión proponiendo que «determinados desarrollos urbanísticos se consideren modificaciones del plan general de urbanismo de los ayuntamientos». Así, explicó, sería obligatorio «una aprobación expresa de la Generalitat, en este caso, y el sometimiento a procesos de información pública mucho más perfectos que los que hay ahora respecto de los planes de actuación urbanística».
«Eso va a permitir a los ciudadanos tener mucha más información y por lo tanto participar también, desde su condición de ciudadanía, respecto de las decisiones que adopten los poderes locales», manifestó.
Por otra parte, el naturalista y Premio Nacional de Medio Ambiente Joaquín Araújo lamentó que la «perversión moral que conlleva el urbanismo» haya instaurado la creencia generalizada de que «incumplir la ley es un factor de progreso» para ciudades y pueblos. Así lo afirmó a Efe Araújo, quien participó junto al humorista gráfico Antonio Fraguas Forges en las Jornadas «Humor y Medio Ambiente» de la Universidad de Granada y criticó que la defensa del territorio no sea una de las principales preocupaciones «ni del sector económico ni del legislativo»
