El Consell demolerá las urbanizaciones ilegales detectadas por imágenes aéreas
Territorio se fija un plazo de 6 meses y anuncia que derribará las viviendas construidas en suelo no urbanizable protegido
LAURA BALLESTER INFORMACION
L a Conselleria de Territorio va a iniciar una campaña de inspecciones contra las construcciones ilegales, ubicadas en suelo no urbanizable. En el empeño, contará con una nueva herramienta informática desarrollada por el Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) que ahorrará tiempo y energía. Hasta ahora era un funcionario de la Generalitat quien iniciaba el proceso al levantar un acta de inspección de la edificación ilegal in situ. Pero a partir de ahora será el ICV quien emita un certificado con dos ortofotos (imágenes digitales aéreas) del suelo rústico antes y después de la construcción ilegal, además de la información del catastro y del plan general de ordenación urbana que demuestra que la edificación captada es ilegal. Será como la fotografía que se toma de los conductores en los controles de velocidad pero en materia urbanística para pillar a los infractores con las manos en el ladrillo «y luchar contra los grandes depredadores del territorio», según Esteban González Pons, conseller de Territorio. Pons, que presentó ayer junto a Miguel Peralta, conseller de Justicia, y el presidente del ICV, Emilio Forcén, el Programa de control de la legalidad urbanística.
Los tres responsables dieron detalles de cómo será el proceso de detección y legalización o demolición de las construcciones ilegales, pero se negaron a dar pista alguna sobre cuántos municipios de los 542 que tiene la Comunidad han sido analizados «metro a metro» y a quienes se les va a comenzar a comunicar en breve la condición de ilegalidad de sus viviendas. Las únicas imágenes que se vieron fueron las del municipio de Catral, de gobierno socialista, y donde Pons denunció la existencia de 1.400 viviendas ilegales el día antes de la moción de censura de Pla contra Camps.
Ninguno de los tres responsables políticos quisieron facilitar más datos sobre los municipios investigados para «que no se politice un trabajo que debemos intentar sea lo más aséptico posible». Tanto Pons como Peralta insistieron mucho en que «no vamos a perseguir al pequeño propietario que se ha construido una caseta ilegal para ir a comerse paellas los fines de semana. Perseguimos al gran infractor, al que construye urbanizaciones y estafa», apostilló Pons.
El programa de control de la legalidad urbanística consta de tres fases. La primera será identificar, con la herramienta del ICV, las construcciones ilegales en suelo no urbanizable protegido o común (en este último caso sólo en los últimos cuatro años, ya que la de antes pueden legalizarse). Se intentará atajar así las viviendas ilegales en parques naturales, las urbanizaciones irregulares y las construcciones que impidan el desarrollo de infraestructuras o crecimientos urbanos naturales. En una segunda fase «se buscarán parcelaciones o edificaciones ilegales en suelo no urbanizable, contradictorias con la normativa urbanística». La tercera intentará reconstituir la legalidad demoliendo las viviendas ilegales.
Expediente en tres fases
Las viviendas en suelo no urbanizable común sólo pueden ser perseguidas las que se han construido en los últimos cuatro años. Las construidas antes pueden consolidarse y legalizarse. Las viviendas en suelo protegido sólo se salvan si existían antes de la declaración del parque natural. Cuando el ICV comunique la certificación de la irregularidad a Territorio, se dará audiencia al ayuntamiento y al propietario interesado. En dos meses deberá solicitar licencia. Se ordenará la suspensión inmediata de las obras, el cese en el uso de la vivienda o piscina. En las edificaciones en suelo protegido, se comunicará la situación a la Fiscalía o al juzgado. El plazo ideal de resolución del expediente será de 6 meses
