La falta de medios obliga a archivar el 96% de los casos de incendios forestales

La Fiscalía de Alicante abrió el año pasado un total de 89 diligencias de investigación por incendios forestales y de ellas sólo tres acabaron en el juzgado. El resto se archivaron ante la imposibilidad de identificar al autor, según aparece en la memoria de la Fiscalía alicantina. Los datos han sido incluidos por el fiscal de medio ambiente, Juan Carlos Carranza, a quien el año pasado también se le encomendó la tarea de asumir las investigaciones por incendios forestales. Desde la Fiscalía General del Estado se instó a que se especializara un fiscal en la investigación de este tipo de delitos, aunque tenía que compartirlos con el resto de asuntos que lleva a diario, sin que se le libere de carga de trabajo.

Las limitaciones de medios se han dejado sentir, ya que en muy pocas ocasiones se ha podido identificar a los presuntos autores de los hechos investigados. Sólo tres de estas diligencias acabaron con una denuncia en el juzgado, mientras que las 86 restantes se archivaron. Fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) señalaron que la Benemérita cuenta con un cuerpo especializado en la investigación de este tipo de siniestros; sin embargo se encuentra concentrado en Madrid y se va desplazando por los distintos territorios del país, en función de la gravedad de los incendios. El año pasado, las labores de investigación se centraron en la Comunidad de Galicia, donde los incendios forestales tuvieron los efectos más devastadores de los últimos años. A pesar de estas cifras, en la provincia de Alicante apenas se produjeron el año pasado grandes incendios forestales, aunque este tipo de siniestros han tenido en jaque a los miembros de extinción de incendios. Según un informe del Ministerio de Medio Ambiente, la extensión que ardió el año pasado en la provincia apenas suponía el 0,3% del total de la superficie forestal y arbolada de todo el territorio alicantino. Las fuentes consultadas por este diario expresaron su inquietud ante el bajo índice de esclarecimiento de estos delitos a pesar de ser en este momento tan reducidos.

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Alicante dictó ayer una orden de busca y captura contra un acusado de causar un incendio forestal en Pinoso, y que está en paradero desconocido cuando tenía que ser juzgado por un jurado popular por este delito. El presunto pirómano, al parecer enfermo mental, se enfrenta a once meses de prisión, así como al ingreso durante tres años en un centro especializado para recibir tratamiento. Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2005 en el paraje Cabeçó de la Sal de Pinoso donde el acusado, A. D. P., prendió fuego al enclave tras rociarlo con gasolina.

Por otro lado, la Fiscalía de Medio Ambiente incoó el año pasado 52 diligencias de investigación por delitos contra la ordenación del territorio, de las que se archivaron prácticamente la mitad por no haberse hallado indicios de delito. En cambio, el fiscal remitió al juzgado 20 denuncias, mientras que otros ocho casos todavía se están tramitando. Fuentes de esta Fiscalía precisaron que este tipo de delitos han sido en su mayoría responsabilidad de particulares, al haber cometido una ilegalidad en la construcción de su vivienda.

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