La sentencia es firme -tan solo cabía un recurso de casación que no fue presentado en su momento por la Generalitat- y aplicable desde el 26 de enero de 2007, cuando se dictó, aunque la Conselleria de Territorio y Vivienda ha ocultado su contenido, ha permitido que los ayuntamientos y promotores siguieran presentando planes afectados por el Plan General de Ordenación Forestal (PGORF) e incluso aprobó una nueva normativa, el decreto 66/2007 de 27 de abril por el que se desarrolla el Registro de Terrenos Forestales Incendiados de la Comunidad Valenciana, que remite, para delimitar qué es «terreno forestal» al PGORF, que para entonces ya estaba declarado «contrario a derecho».

La sentencia supone que cualquier inclusión en el registro de una zona incendiada sería también, si se recurre, «contraria a derecho» en cuanto que se basa en una delimitación del suelo forestal que también lo es desde el momento en que la decisión judicial anula el decreto 106/2004.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana aceptó el recurso presentado por Jorge P. G. solicitando la anulación del decreto por carecer del «preceptivo informe del Consejo Forestal de la Comunidad Valenciana, así como del trámite de información pública a las Entidades Locales y al resto de las Administraciones Públicas afectadas...»

Además, alegaba que el decreto omitió «el trámite de evaluación medioambiental» previsto en la ley valenciana. Sobre el fondo del asunto, el demandante argumentaba que las «imprecisiones» del contenido normativo del PGORF «generan inseguridad jurídica proscrita por el artículo 9 de la Constitución Española».

A la Sala del TSJ le ha bastado con analizar la primera parte del recurso para declarar nulo el decreto ya que considera que la omisión del preceptivo informe legal «determina... la nulidad de la aprobación de esta norma reglamentaria, de conformidad con la reiterada doctrina jurisprudencial...». La Sala explica en sus razonamientos que las competencias para emitir un informe previo en materia forestal asignadas al Consejo Forestal de la Comunitat Valenciana en la ley 3/1993 fueron transferidas al Consejo Asesor de Participación de Medio Ambiente por la ley de acompañamiento a los presupuestos.

El portavoz y responsable del área de Medio Ambiente del PSPV-PSOE, Francesc Signes, denunció ayer en relación a esta sentencia que el Consell conoció su contenido «4 meses antes de las elecciones» y, sin embargo, «ocultó la anulación del Plan General de Ordenación de los Recursos Forestales por la proximidad de las elecciones, lo que no puede calificarse más que como una indecencia moral y política».

«Camps mintió para ganar, como hizo Aznar y sus mentiras le han costado y le van a seguir costando muy caras a los valencianos, comenzando por aquéllos que estén afectados por alguna resolución de la Generalitat en la que se haya considerado el PGORF, como por ejemplo muchos convenios urbanísticos, que ahora deberán revisarse», añadió Signes.

El socialista exigió responsabilidades políticas a los dos consellers que intervinieron en la aprobación primero y en la «ocultación» de la sentencia que anulaba el decreto. «González Pons está deslegitimado para ejercer cualquier responsabilidad política por haber mentido y por haber permitido que se adoptaran decisiones en función de algo que él sabía que era nulo. Asimismo Rafael Blasco es el responsable de que el PGORF se haya anulado, porque lo ha sido por defectos en la tramitación, que era su responsabilidad directa».