Greenpeace denuncia que la Comunidad prevé crear 500.000 viviendas en la costa

Greenpeace denunció ayer que los planes urbanísticos del litoral de la Comunidad Valenciana prevén la construcción de cerca de 500.000 viviendas en esta autonomía, lo que, a su juicio, constata el «inmovilismo» de las administraciones de cara a frenar la destrucción de la costa. Estos datos se desprenden del informe «Destrucción a toda costa» que la organización ecologista presentó ayer en Madrid y en Barcelona y en el que muestra la evolución del litoral español desde el año 2001.

El estudio alerta de que el «desaforado urbanismo» ocupa cada día, una superficie equivalente a tres campos de fútbol en el litoral español, a la vez que asegura que los «ayuntamientos costeros» planean construir tres millones de viviendas nuevas en España.

En concreto, en la Comunidad actualmente hay proyectadas 466.685 nuevas viviendas, 16 nuevos campos de golf, 5 planes de construcción o ampliación de puertos deportivos para albergar 2.514 amarres y hay 800 causas judiciales por delitos relacionados con el urbanismo acumuladas en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, así como 33.175 viviendas ilegales detectadas, según Greenpeace.

A su juicio, el principal problema de esta autonomía es el urbanismo, y pone como ejemplo el hecho de que, en 2004, cada kilómetro cuadrado de la Comunidad recibió una media de 288 toneladas de cemento, «una cantidad cinco veces superior a la media europea». Entre los años 2000 y 2006, el asfalto y el cemento ocuparon una superficie de entre 16.500 y 25.000 hectáreas.

Según señala el documento, la Comunidad, sólo superada por las comunidades de Andalucía y Canarias, se sitúa al frente del «desarrollo insostenible» del territorio, como recoge el último informe de la sostenibilidad de España, donde se señala que la causa de este liderazgo es «el mal uso que viene realizando de su litoral».

Desde la organización ecologista explicaron que los proyectos de urbanización en la Comunidad «se cuentan por miles» y que hay localidades en las que su previsión urbanística hará aumentar su población «de forma exponencial», como el caso de Torreblanca (Castellón), en la que se prevé la construcción de 46.000 viviendas, lo que aumentaría su población actual - 5.650 habitantes - en un 2.320%, o Guardamar del Segura, en Alicante, en la que las 38.680 viviendas previstas elevarían la población en un 826 %.

Aseguraron que el Parlamento europeo supervisa «muy de cerca» el urbanismo en esta Comunidad y que el último informe de esta institución denuncia la consolidación de un «modelo de urbanismo depredador de los intereses particulares de propietarios, del territorio y del medio ambiente».

Greenpeace también recoge un informe del Consejo Económico u Social (CES), que revela la conversión del 25% del suelo agrícola en paisaje de cemento y ladrillos, en el que destaca el caso de Torrevieja, donde dicha reducción es de un 1.600% en los últimos 20 años.

De 542 localidades de la Comunidad, 123 aspiran a recalificar como suelo urbanizable 194 millones de metros cuadrados de suelo rústico, de los que 59,3 millones se encuentran en la provincia de Alicante, 67,2 millones en Valencia y 68 en Castellón. A su vez, señala que «ni uno solo de los 25 PAI de la provincia de Alicante aprobados por el Consell en los años 2005 y 2006 incluyeron el preceptivo informe de la confederación hidrográfica competente asegurando la disponibilidad de agua para la futura población, a pesar de que así lo exige la Ley de Aguas».

Entre los 18 puntos negros de la provincia, el informe destaca las 15.000 viviendas del Plan Rabasa, la recalificación del suelo de Terra Mítica para 2.000 apartahoteles, un hotel de 24 plantas en Calpe a 6 metros del mar, la construcción de 2.500 viviendas en Dénia edificadas sin red de alcantarillado o la construcción de 1.744 viviendas y un nuevo puerto deportivo en el único tramo de costa virgen de Orihuela. La única buena noticia, según la asociación, ha sido la paralización del puerto de Campomanes en Altea.

Greenpeace concluye en su estudio que la situación del litoral de la Comunidad es «cada vez peor» y que, por ello, es preciso «poner en marcha medidas puntuales para limitar el crecimiento desmedido de la urbanización», como el control de construcción de segundas residencias, campos de golf y puertos.

Y en EL PAÍS

Greenpeace denuncia que hay 354 cargos públicos implicados en casos de corrupción en el litoral

Más de tres millones de viviendas y 300 campos de golf se construirán en la costa española

Un total de 354 cargos públicos, entre ellos varios alcaldes, están implicados en 89 casos de corrupción urbanística, según el informe Destrucción a toda costa, que presentó ayer Greenpeace. El estudio señala además que en la costa española ya está previsto construir más de tres millones de nuevas viviendas y 316 campos de golf. Los ecologistas denuncian que el urbanismo ocupa cada día en el litoral español una superficie equivalente a tres campos de fútbol.
Marbella como paradigma de los escándalos judiciales, el hotel de 21 plantas que se construye en la playa del Agarrobico (Almería) como el de los "atropellos" urbanísticos, y Marina de Cope, el mayor complejo urbanístico de España, en Murcia, como paradigma de la desclasificación de un terreno natural protegido para construir... Son algunos de los ejemplos que se destacan en el informe anual de la asociación ecologista.
La superficie equivalente a tres campos de fútbol es absorbida cada día, de media, por proyectos urbanísticos. En concreto, los ayuntamientos costeros tienen previstas 2.999.743 viviendas nuevas. Además, se han detectado 99.519 viviendas ilegales y 89 casos de corrupción urbanística investigados, en los que están implicados 354 cargos públicos, entre alcaldes, concejales, constructores, testaferros, etc.
La comunidad que peor parada sale de entre el maremágnum de cifras del estudio es Andalucía. A pesar de constituir tan sólo el 10% del territorio, el litoral andaluz concentra una tercera parte de la población de la comunidad autónoma. El informe indica que en ese espacio están proyectadas 683.350 viviendas. Además, los ecologistas han detectado 41.800 inmuebles ilegales y 200 proyectos de campos de golf. El dato más alarmante es que Andalucía ocupa el primer puesto también en casos de corrupción urbanística. 28 ayuntamientos, con Marbella a la cabeza, se enfrentan a investigaciones y procesos judiciales en los que están implicadas 180 personas por diversos delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio.
Las Islas Canarias tienen el dudoso honor de situarse en segundo lugar de comunidades destructivas con la costa. El archipiélago tiene la previsión de construcción de plazas turísticas y puertos deportivos más elevada de toda España. El informe hace hincapié en los casos investigados por la justicia, como la Operación Góndola, una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Mogán (15.000 habitantes), gobernado por el PP o los supuestos pagos de Fórum Filatélico al alcalde y al presidente de la autoridad portuaria de Santa Cruz.
El urbanismo valenciano está siendo vigilado de cerca por el Parlamento Europeo desde hace años. Eso no ha impedido que los planes urbanísticos prevean la construcción de casi 500.000 viviendas, lo que demuestra, en opinión de los ecologistas, el "inmovilismo" de las Administraciones de cara a frenar la destrucción de la costa. Greenpeace denuncia que de 542 municipios de la comunidad, entre un 15% y un 20%, concentrados principalmente en la zona costera, han experimentado graves problemas derivados de la urbanización masiva. Entre los años 2000 y 2006, apunta el informe, el asfalto y el cemento ocuparon una superficie de entre 16.500 y 25.000 hectáreas.

Murcia destruye su costa

El cuarto puesto de región más destructiva con su costa es para Murcia, que proyecta la construcción de 330.000 viviendas en una franja litoral que no llega a los 300 kilómetros longitud. O lo que es lo mismo: 1.137 viviendas por kilómetro de costa. A Murcia le sigue Galicia, donde la superficie urbanizada de sus costas alcanza el 16%, dos puntos por encima de la media nacional. Entre los ayuntamientos gallegos, que prevén la construcción de 800.000 viviendas en los próximos años, se han detectado 16 casos de corrupción.
La destrucción de la costa catalana y balear avanza y su situación es peor que hace un año. La causa principal es el incremento de viviendas, campos de golf y puertos deportivos proyectados. En concreto están previstas 100.000 viviendas nuevas. Este crecimiento trunca la "visión optimista" que tenía la organización en los años anteriores, debido a las promesas del Gobierno tripartito.
Tampoco salen bien parados Cantabria y el País Vasco. En el primer caso, se siguen acumulando sentencias de derribo de viviendas ilegales. En el litoral de Euskadi se han detectado 17 puntos negros, donde se prevén construir 1.720.000 viviendas que, según los ecologistas, "se alejan mucho de las realidades de la población".

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