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Las sendas de mi vida

La montaña y sus circunstancias, el medio urbano que me rodea, el agua... Además de algunas reflexiones más o menos vitales sobre la actualidad o no.

6 Septiembre 2007

La Fiscalía crea una sección con cuatro fiscales para perseguir delitos ecológicos

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ INFORMACIÓN. La Fiscalía de Alicante ha destinado a cuatro fiscales a la sección dedicada a perseguir los delitos medio ambientales, según confirmaron a este diario fuentes del ministerio público. Tres fiscales estarán en la Audiencia Provincial de Alicante y el cuarto estará en Elche para hacerse cargo de los asuntos del sur de la provincia. El fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, ya ha propuesto a las personas que se ocuparán de estos asuntos, que ahora deberán ser ratificados por la junta de fiscales, y todavía queda estudiar cómo se llena de contenido los asuntos de esta sección.
La iniciativa se ha puesto en marcha a raíz de una instrucción de la Fiscalía General del Estado instando a crear secciones especializadas en Medio Ambiente para perseguir los delitos ecológicos. La creación de estas secciones especializadas dentro del ministerio público ya se puso en marcha
Alicante lleva años siendo una de las pocas provincias que contaba con un fiscal especializado en asuntos medio ambientales. Con el día a a día, esta misma persona ha acabado asumiendo también la investigación de los incendios forestales y bastantes de las denuncias por asuntos urbanísticos que llegan al ministerio público. La instrucción ha sido aprovechada para hacer una pequeña remodelación interna dentro de la Fiscalía.
La circular señala que las secciones de medio ambiente estarán integradas por un fiscal delegado de la jefatura que asumirá las funciones de dirección y coordinación que específicamente le sean encomendadas y los fiscales adscritos que se determinen. Como coordinador se ha mantenido al fiscal que llevaba ocupándose de los asuntos medio ambientales durante los últimos años, Juan Carlos Carranza.
El reparto del trabajo y de asuntos con los otros tres fiscales se tendrá que ir perfilando en próximas reuniones, aunque está previsto que el asunto se lleva a la próxima junta de fiscales, que se convocará cuando se haya incorporado toda la plantilla de las vacaciones veraniegas.

Medio centenar de investigaciones al año
J.A. M. El área de Medio Ambiente ha sido una de las que más investigaciones de oficio ha abierto en el ministerio público alicantino, según reflejaba la última memoria de la Fiscalía.
Durante el año pasado, la Fiscalía incoó un total de 52 diligencias de investigación por delitos contra la ordenación del territorio. De ellas, prácticamente la mitad acabaron archivadas al no hallarse indicios de delito; mientras que veinte fueron remitidas al juzgado al apreciarse indicios de responsabilidad de los presuntos infractores. De todas maneras, no todos estos delitos denunciados tuvieron un trasfondo político, ya que la mayoría de ellas fueron presentadas contra particulares por ilegalidades en la construcción de sus viviendas.
Más preocupante es el panorama en lo referente a los incendios forestales, ya que el año pasado se abrieron 89 diligencias de investigación por esta materia de las cuales tan sólo tres acabaron en el juzgado. El resto acabaron archivadas ante la imposibilidad de poder identificar a los autores. De todas maneras, no todos estos incendios pueden atribuirse necesariamente a actuaciones delincuenciales, ya que las investigaciones se abren de oficio cada vez que se declara un siniestro.
Entre los asuntos de mayor peso que se encuentran en estos momentos en la mesa del fiscal de medio ambiente de Alicante se encuentra el de los vertidos al Segura, que en breve debe juzgar la sede de Elche de la Audiencia; la investigación de las ilegalidades urbanísticas de Catral; o una denuncia contra la antigua junta de gobierno del Ayuntamiento de Xàbia por una presunta prevaricación en la licencia de un hotel, entre otros. La actividad del área ha tenido que ser compatibilizada hasta ahora con otras tareas dentro del ministerio público alicantino, un problema al que se enfrentan otras áreas especializadas de la Fiscalía.

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